Ponte Al Tiro
Quince años. No es nada y es todo. Quince años desde aquella noche del 16 de diciembre en que a Marisela Escobedo la mataron ahí, en la banqueta, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, como si la justicia fuera un adorno navideño que sólo sirve para verse bonito de lejos.

Marisela no estaba robando, no estaba violentando a nadie, no estaba armada. Estaba haciendo lo único que este país le deja a las madres cuando el sistema se les ríe en la cara: exigir justicia.

A Marisela la asesinaron mientras sostenía un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre. Su pecado fue no cansarse, no agacharse, no aceptar el “ya ni modo”. Días antes había encarado públicamente al entonces gobernador César Duarte, y el señor reaccionó como suelen reaccionar los poderosos cuando una mujer les dice la verdad sin pedir permiso: con enojo, con soberbia, con esa mirada de “cómo se atreve”. Después vino el tiro. Literal.

Había vigilancia. Había cámaras. Había policías. Había Palacio. No hubo protección. Si no fue un crimen de Estado por acción directa, lo fue por negligencia. Y la negligencia también mata. La negligencia también jala del gatillo, sólo que con guantes blancos.

La muerte de Marisela sacudió al país. Hubo marchas, protestas, pronunciamientos, comunicados, discursos solemnes.
Chihuahua volvió a ser el epicentro de la conversación nacional sobre la violencia feminicida.
Las colectivas crecieron, se articularon, empujaron. Se lograron algunos avances legales, algunos cambios de nombre, algunos protocolos, algunas oficinas nuevas con aire acondicionado. Hasta ahí.
Porque quince años después, si hacemos el corte de caja sin maquillaje, el panorama sigue siendo brutal.

En 2010, el año del asesinato de Marisela, Chihuahua registró 446 asesinatos de mujeres. Luego los números bajaron, sí, pero también cambió la manera de contarlos. Ya no todo asesinato de una mujer es feminicidio, porque al sistema le resultó más cómodo mover la pluma que mover la conciencia.
Así, de 446 feminicidios se pasó a 87 en 2015, y desde 2018 hasta 2024 la cifra se ha mantenido entre 40 y 50 por año. Que nadie se emocione. De enero a octubre de 2024, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional con 41 feminicidios, y junto con otros seis estados concentramos casi la mitad de los casos del país.

En números relativos estamos peor: tercer lugar nacional en feminicidios por cada 100 mil mujeres.
En secuestro de mujeres somos primer lugar nacional. En violación simple y equiparada, tercer lugar. En llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, segundo lugar nacional. En abuso sexual reportado vía emergencias, segundo lugar también. No es una racha. Es un patrón.
Y no, no es porque “así sea la gente” ni porque “así es la frontera”. Es porque no hay políticas públicas serias, sostenidas, profundas. Porque no se atacan las raíces sociales de la violencia. Porque no hay campañas constantes, ni educación transversal, ni prevención real. Porque es más fácil inaugurar oficinas que incomodar estructuras.

La sociedad civil ha hecho lo que el Estado no. Colectivas, defensoras, periodistas, activistas. Ahí han estado. A pie. A pulmón. A riesgo propio. Quienes han quedado a deber son el Gobierno del Estado y los municipios, responsables directos de proteger a las mujeres.
Mientras eso no cambie, mientras la violencia se atienda sólo cuando ya dejó un cuerpo, Marisela no será sólo un nombre en la memoria. Marisela seguirá muriendo. En otras banquetas. En otras hijas. En otras madres. En este mismo silencio oficial que, quince años después, sigue siendo el verdadero asesino. (con información de Víctor Quintana/La Verdad Juárez)



